Day: May 5, 2021

Obligación de declarar sin demora la nulidad absoluta del decreto 42227 MP-S

Atención: Daniel Salas y Carlos Alvarado Quesada,

Tengo conocimiento de que están recibiendo una demanda de nulidad absoluta enviada al presidente Carlos Alvarado Quesada y a Daniel Salas el 4 de agosto de 2021 desde el correo electrónico: plantingpositivity@protonmail.com con fecha de vencimiento el 18 de agosto de 2021. Ustedes están atrasados y su falta de atención a su deber de nulidad es una violación a mis derechos de pronta reparación.

La ley ordena su deber de declarar la nulidad absoluta del decreto 42227 MP-S es obligatoria. El decreto es manifiestamente ilegal porque la alerta de la OMS es fatalmente defectuosa al basarse enteramente en la prueba no científica de PCR a 36-45 ciclos que creó un 97-100% de falsos positivos de covid-19, lo que usted no discutió y es un hecho comprobado.

Mi derecho a la salud y a la información veraz en virtud del artículo 46 está siendo negado por ustedes y por la OMS al pretender que la prueba PCR en la que se basa el decreto es el "estándar de oro" y precisa para confirmar los casos de covid-19 y las muertes, cuando es mucho peor que tirar una moneda al aire, y crea falsos positivos abrumadores del 97-100%, algo que ustedes no discuten. La alerta de la OMS y los casos de covid-19 encontrados por la prueba de PCR a los 36-45 ciclos es una razón sin fundamento para decretar una emergencia, y esta falsa información de los altos números de casos de covid-19 que usted reclama está entre otras violaciones de mi derecho a una información adecuada y veraz.

Usted está usurpando poderes que la ley no le ha conferido. Su desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. Su incumplimiento del deber de responsabilidad personal y de su juramento constitucional es susceptible de una acción que establecerá su responsabilidad penal si no hace lo correcto y declara la nulidad del decreto:

ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN. Los funcionarios públicos son meros depositarios de la autoridad. Deben cumplir los deberes que les encomienda la ley y no pueden usurpar poderes que la ley no les haya conferido. Deben prestar juramento de guardar y hacer guardar esta Constitución y las leyes. La acción para establecer su responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública, en su sentido más amplio, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de resultados y de rendición de cuentas, teniendo los funcionarios públicos responsabilidad personal en el cumplimiento de sus funciones. La ley establecerá los mecanismos para que dicha evaluación de resultados y rendición de cuentas funcione como un sistema que abarque a todas las instituciones públicas.

Su negativa a permitir que otros participen para evaluar los hechos y cuestionar la falta de ciencia de la OMS es un incumplimiento del deber y una tiranía.

Ambos incumplen su deber de velar por que sus decretos y actos se ajusten al ordenamiento jurídico y a las normas de la ciencia, lo que viola el artículo 16 del Código Administrativo.

ARTÍCULO 49. Se establece la jurisdicción contencioso-administrativa como función del Poder Judicial para garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, sus instituciones y cualquier otra entidad de derecho público. La desviación de poder constituirá motivo de impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá, como mínimo, los derechos personales y los intereses legítimos de los gobernados.

Mis derechos personales e intereses legítimos están siendo negados por usted al promulgar y aplicar su decreto absolutamente nulo bajo la dirección del monopolio privado de la OMS.

Alego que el decreto es una "violación del principio jurídico" según el cual "sólo a través de una ley formal dictada por el Poder Legislativo, según el procedimiento establecido en la Constitución para la promulgación de leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales." El decreto no es una ley, pero tiene un efecto de extralimitación de la ley y la política que suspende inconstitucionalmente derechos que la Constitución dice que no pueden suspenderse nunca, como el trabajo según el artículo 56 y la industria según el artículo 46.

El poder ejecutivo de emergencia debe ser moderado y temporal para ser constitucional, sin embargo, el decreto se extralimita. Es oportuno mencionar que, al ser promulgado de forma acumulativa y consecutiva cada 30 días, el decreto se ha establecido como política a largo plazo.

Con base en lo anterior, concluyo que el Decreto Ejecutivo regula casi todos los aspectos del "derecho a la vida y a la dignidad del ser humano", y por lo tanto "[l]a regulación no temporal de estos derechos por parte del Poder Ejecutivo es totalmente incompatible con el derecho constitucional."

Aviso constitucional obligatorio: Formo parte de un organismo creado con el fin de defender nuestros derechos que nos corresponden según el artículo 46 y el artículo 9 de participación. Esto incluye nuestro derecho a la salud, al medio ambiente, a la seguridad y a los intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a la igualdad de trato.

El artículo 46 ordena que el "Estado apoyará a todo organismo que se constituya con el fin de defender sus derechos", por lo tanto usted está obligado a apoyarnos cumpliendo su deber con la Constitución y declarando la nulidad absoluta del decreto nulo 42227 MP-S para restituir nuestros derechos tomados por error por su estado de excepción causado por el decreto.

La acción del Estado encaminada a impedir cualquier práctica o tendencia monopólica es de interés público, por lo tanto usted está obligado a prohibir el monopolio sanitario privado de la OMS que usted atestiguó que causó la emergencia fraudulenta en Costa Rica al emitir la alerta pandémica y ordenar el uso de la prueba de PCR a 45 ciclos, lo cual está comprobado que es anticientífico y contrario al ordenamiento jurídico.

La ley dice:
Artículo 329.-
1. La Administración tendrá siempre el deber de resolver expresamente dentro de los términos de esta ley.
2. Su incumplimiento se considerará falta grave de servicio.

Artículo 162.- El recurso administrativo fundado por causa de legalidad existente, hará obligatoria la anulación del acto.

Afirmo bajo pena de perjurio que lo anterior es cierto y correcto conforme a derecho.

Respetuosamente,

En defensa de mis derechos y de la Constitución

Original en inglés a continuación:

Original In English below:

Attention: Daniel Salas and Carlos Alvarado Quesada,

I am aware you are in receipt of a claim of absolute nullity sent to President Carlos Alvarado Quesada and Daniel Salas on August 4th 2021 from the email: plantingpositivity@protonmail.com with the due date of August 18th 2021. You are late and your lack of attention to your duty of nullification is a violation of my rights to prompt remedy.

The law mandates your duty to declare the absolute nullity of the decree 42227 MP-S is mandatory. The decree is manifestly illegal because the WHO alert is fatally flawed by being based entirely on the unscientific PCR test at 36-45 cycles which created 97-100% false positive cases of covid-19, which you did not dispute and is a settled fact.

My right to health and truthful information under Article 46 is being denied by you both and the WHO purporting the PCR test underlying the decree is the “gold standard” and accurate to confirm covid-19 cases and deaths, when its far worse than a coin toss, and creates overwhelming false positives of 97-100%, which you do not dispute. The WHO alert and covid-19 cases found by the PCR test at 36-45 cycles is a baseless reason to decree an emergency, and this false information of high numbers of covid-19 cases that you claim is among other violations of my right to adequate and truthful information.

You are usurping powers the law has not conferred upon you. Your misuse of power shall constitute grounds for challenging administrative acts. Your breach of duty to personal responsibility and failure to uphold your constitutional oath is subject to action which will establish your criminal liability if you fail to do the right thing and declare the nullity of the decree:

CONSTITUTION ARTICLE 11. Public officials are mere custodians of authority. They must carry out the duties entrusted to them by law and cannot usurp powers which the law has not conferred upon them. They must take an oath to observe and uphold this Constitution and the laws. The action to establish their criminal liability for their acts is public. The Public Administration, in its broadest sense, shall be subject to a procedure of evaluation of results and accountability, with public officials having personal responsibility for the fulfillment of their duties. The law shall establish the mechanisms to enable said evaluation of results and accountability to operate as a system that covers all public institutions.

Your refusal to allow others to participate to evaluate facts and challenge the WHO’S lack of science is a breach of duty and tyrannical.

You both are in breach of your duty of care to ensure your decrees and acts are in conformity to the legal order and rules of science which violates Article 16 of the Administrative Code.

ARTICLE 49. A contentious-administrative jurisdiction is hereby established as a function of the Judicial Branch for the purpose of guaranteeing the legality of the administrative function of the State, its institutions and any other entity of public law. The misuse of power shall constitute grounds for challenging administrative acts. The law shall protect, at very least, the personal rights and legitimate interests of those governed.

My personal rights and legitimate interests are being denied by you enacting and enforcing your absolutely null decree under the direction of the WHO private monopoly.

I allege the decree is a “violation of the legal principle” whereby “only through a formal law issued by the Legislature, according to the procedure established in the Constitution for the enactment of laws, is it possible to regulate and, if appropriate, restrict fundamental rights and freedoms.” The decree is not law, but it has the effect of overreaching law & policy that unconstitutionally suspends rights that the constitution says cannot ever be suspended, such as work under article 56 and industry under Article 46.

Executive emergency power should be sparing and temporary to be constitutional, however, the decree is overreaching. It is appropriate to mention that cumulatively and consecutively enacted every 30 days, the decree is now established as long term policy.

Based on the foregoing, I conclude that the Executive Decree regulates just about every aspect of the “right to life and dignity of the human being,” and therefore “[t]he non-temporary regulation of these rights by the Executive Branch is wholly incompatible with Constitutional law.”

Mandatory Constitutional notice: I am part of a body established for the purpose of defending our rights that we are entitled to under Article 46 and Article 9 to participate. This includes our right to health, environment, safety and financial interests; to receive adequate and truthful information; to freedom of choice and to equal treatment.

Article 46 mandates the "State shall support any body established for the purpose of defending their rights", therefore you are required to support us by upholding your duty to the Constitution and declaring the absolute nullity of the void decree 42227 MP-S in order to restore our rights taken in error by your state of exception caused by the decree.

Action by the State aimed at preventing any monopolistic practices or tendencies is in the public interest, therefore you are required to prohibit the WHO private health monopoly that you testified which caused the fraudulent emergency in Costa Rica by issuing the pandemic alert and directing you to use the PCR test at 45 cycles, which is proven to be unscientific and against the legal order.

The law says:
Article 329.-
1. The Administration will always have the duty to expressly resolve within the terms of this law.
2. Failure to do so will be considered a serious lack of service.

Article 162.- The well-founded administrative appeal for an existing reason of legality, will make the annulment of the act mandatory.

I Affirm under the penalty of perjury the foregoing is true and correct according to law.

Respectfully,

In defense of my rights and the Constitution

**your signature**

Artículo 11 de la Constitución, Artículo 199 de la Ley General de la Administración - el fraude o la negligencia grave es un delito, 173, párrafo 1, de la Ley General de la Administración Pública, Artículo 174. (1.) La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, Artículo 119. La responsabilidad penal del funcionario de hecho usurpador se regulará por el Código Penal. Artículo 49 - La desviación de poder constituirá una causa de impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá, como mínimo, los derechos personales y los intereses legítimos de los gobernados.